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Ley de Seguridad Interior o el fracaso de EPN [Opinión]

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El territorio mexicano está siendo víctima de diversos frentes fríos, que azotan a la población en mayor o menor medida. Pero en estas fechas, lo más lamentable no es el invierno que comienza en México, lo más lamentable es la aprobación, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, de la Ley de Seguridad Interior, que el gobierno, encabezado por Enrique Peña Nieto, ha sacado adelante gracias a las bancadas del PRI, PVEM y algunos derechistas del PAN, pese al rechazo generalizado de organismos nacionales e internacionales como son la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión Internacional de Derechos Humanos, Organización de Naciones Unidas, Organismo de Estados Americanos, por citar algunos.
Dicha ley, perpetúa el uso policial de las Fuerzas Armadas comenzadas en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón, dicho apoyo militar en tareas de seguridad pública alcanza ahora, tras once años, rango de ley. Primero inició en Michoacán, luego le siguieron Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, y quince estados más, que, a la fecha, la constante ha sido la misma: denuncias que se acumulan en la CNDH acusando a militares y marinos por abusos, señalándolos por torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, en las que se ha documentado su participación, en lugar de ser agrupaciones que auxilien y asistan a las autoridades civiles.
Desde 2006, el Ejército y la Marina han asumido el trabajo de policías, con lo que se ha revelado su incapacidad y corrupción. Los defensores de dicha Ley dicen, dará ahora un marco jurídico para que actúen y no estén al margen de la ley. El problema, dicen sus detractores, es que la Ley de Seguridad Interior es vaga, ambigua, carece de un plan para fortalecer a las policías y no prevé el retorno de los militares a los cuarteles.
La Ley de Seguridad Interior es rechazada por su ambigüedad, como lo han externado los rectores de la UNAM, UdeG o la Ibero, o el mismo Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, la ley prevé que el gobierno federal expida una “declaratoria de protección a la seguridad interior” ante una amenaza, en cualquiera de los estados del país, por lo que se pueda considerar como “una amenaza a la seguridad nacional”, que según con la Agenda Nacional de Riesgo, cualquiera puede caer en alguno de los supuestos que se plantean.
Lo único que muestra esta ley, y con un claro mensaje rumbo a las elecciones del 2018, es un proteccionismo de las instituciones, que va encaminado incluso por encima de los propios ciudadanos, y lo que ello conlleve militarmente.
El último año de Enrique Peña Nieto se torna oscuro, tenebroso, y cualquiera de nosotros podemos ser objeto de investigación y espionaje, si somos calificados como riesgo a la seguridad nacional, por lo que el fracaso de la gobernabilidad de nuestro país, se ha resuelto con la Ley de Seguridad Interior.
De ahí, tantas y tantas voces en contra.
Pero nada… y así sea.

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