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Corrupción, el cáncer de nuestra sociedad [OPINIÓN]

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TEXTO PUBLICADO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN LA SILLA ROTA

La corrupción es, desde hace años, uno de los grandes protagonistas de la política en cualquier latitud. Existen casos de corrupción en gobiernos nacionales en los cinco continentes, pasando por casas reales e incluso en gobiernos de países donde el índice de corrupción es bajo.

Los empresarios y grandes firmas trasnacionales no se escapan de este problema, recordamos los casos de Parmalat, Enron, o más recientemente el de Carlos Ghosn, reconocido como la persona que logró revivir a la empresa Nissan, y que la compañía informó que una investigación basada en una pista descubrió que su presidente falsificó informes sobre su compensación “durante muchos años”, incluyendo otras irregularidades, como el uso personal de activos de la compañía, por lo que será destituido de su cargo como presidente de la automotriz japonesa.

Los casos de corrupción en la política son más habituales tal vez, por lo que incluso cuando salen a la luz pública no es extraño o sorprendente, como lo es el enriquecimiento ilícito, tales son los casos como el que protagonizó del expresidente nigeriano Sani Abacha, a quien se le acusó de tener 2.500 millones de dólares en cuentas personales de bancos en Suiza, el Reino Unido, Luxemburgo y Liechtenstein, por citar un ejemplo.

Así como los casos de corrupción donde los involucrados son empresas privadas y el gobierno, como el protagonizado por la empresa Odebrecht, donde hay informes que aseguran que la empresa brasileña pagó en Andorra 200 millones en sobornos a 145 políticos y funcionarios de Latinoamérica.

Gracias a una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicada el 21 de diciembre de 2016 sobre la constructora brasileña Odebrecht, se detalla que la misma habría realizado “gratificaciones” y sobornos millonarios a funcionarios del gobierno de 12 países: Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas.

Según detallan las investigaciones norteamericanas, Odebrecht creó esta «Caja B» a finales de los años 2010 con el nombre de «Sector de relaciones estratégicas» para disimular la maraña de “gratificaciones” y sobornos.

Muchos otros casos relevantes vienen a la mente cuando hablamos de corrupción, como fueron los casos del Watergate, el caso Irán-Contras, y partidas secretas en apoyo a gobiernos extranjeros, como el suscitado en 1992 en Venezuela, por el entonces presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, cuando el periodista José Vicente Rangel reveló que el presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, había utilizado 250 millones de bolívares pertenecientes al presupuesto del Ministerio de Relaciones Interiores para financiar las elecciones en Nicaragua y apoyar al gobierno de la recién electa presidenta, Violeta Barrios de Chamorro.

En días pasados, y durante el juicio que se le lleva al narcotraficante mexicano en una Corte federal en Nueva York, Joaquín “el Chapo” Guzmán, el primer cooperante de la fiscalía en la causa contra Guzmán, explicó ante el jurado en Brooklyn que realizó en concreto dos pagos entre 2005 y 2006 para garantizar la protección de su hermano mayor Ismael “El Mayo” Zambada, jefe del cartel de Sinaloa, y evitara así que fuera detenido. El primer soborno, que se produjo en un restaurante, ascendía a tres millones de dólares. A este siguió otro de entre tres y cinco millones cuando Genaro García Luna, exjefe de la policía mexicana durante el gobierno del expresidente mexicano Felipe Calderón.

Durante este juicio han comenzado a mencionarse nombres de funcionarios públicos mexicanos que han sido, según los dichos de estos narcotraficantes y que fungen ahora como testigos protegidos ante el gobierno norteamericano, sobornados desde hace décadas.

La corrupción en México (y en cualquier nación que se diga democrática), es una asignatura pendiente que se arrastra desde el siglo pasado –por decir lo menos–, y que los políticos de todos los partidos han rehuido legislar para aplicar castigos severos a funcionarios públicos que cometan algún delito y, tal vez, así evitar que nadie goce de más protección que la que la ley le da.

Han sido una serie de casos que todos los gobiernos han tenido que enfrentar.

Requerimos una aplicación de la ley en materia de corrupción sin distinciones, sin cortapisas y que, responsa a una urgente necesidad por el bien de la sociedad. De no ser así, la gobernabilidad estará en riesgo.

Tiempo al tiempo.

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El error de la Reforma Educativa es culpar al magisterio del desastre educativo: Lorenzo Gómez Morín [AUDIO]

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El Mtro. Lorenzo Gómez Morín, de Flacso México, nos platica lo positivo y negativo de la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto.

La violencia es ya un problema estructural que atraviesa a la sociedad mexicana: Edgar Morín [AUDIO]

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“La maña” (Debate) es una visión inédita que abarca de manera integral el nudo social conformado por las drogas, la violencia y el poder. Es una investigación hecha con herramientas provenientes de la antropología, la economía, la historia, la sociología y el periodismo, que aborda el fenómeno del narcotráfico y sus imaginarios en los llamados tiempos de la globalización.
Les comparto la entrevista que le realicé para plumavertical a Edgar Morín, autor de “La Maña”.
También pueden seguirme a través de Twitter en @plumavertical

Ley de Seguridad Interior o el fracaso de EPN [Opinión]

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El territorio mexicano está siendo víctima de diversos frentes fríos, que azotan a la población en mayor o menor medida. Pero en estas fechas, lo más lamentable no es el invierno que comienza en México, lo más lamentable es la aprobación, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, de la Ley de Seguridad Interior, que el gobierno, encabezado por Enrique Peña Nieto, ha sacado adelante gracias a las bancadas del PRI, PVEM y algunos derechistas del PAN, pese al rechazo generalizado de organismos nacionales e internacionales como son la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión Internacional de Derechos Humanos, Organización de Naciones Unidas, Organismo de Estados Americanos, por citar algunos.
Dicha ley, perpetúa el uso policial de las Fuerzas Armadas comenzadas en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón, dicho apoyo militar en tareas de seguridad pública alcanza ahora, tras once años, rango de ley. Primero inició en Michoacán, luego le siguieron Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, y quince estados más, que, a la fecha, la constante ha sido la misma: denuncias que se acumulan en la CNDH acusando a militares y marinos por abusos, señalándolos por torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, en las que se ha documentado su participación, en lugar de ser agrupaciones que auxilien y asistan a las autoridades civiles.
Desde 2006, el Ejército y la Marina han asumido el trabajo de policías, con lo que se ha revelado su incapacidad y corrupción. Los defensores de dicha Ley dicen, dará ahora un marco jurídico para que actúen y no estén al margen de la ley. El problema, dicen sus detractores, es que la Ley de Seguridad Interior es vaga, ambigua, carece de un plan para fortalecer a las policías y no prevé el retorno de los militares a los cuarteles.
La Ley de Seguridad Interior es rechazada por su ambigüedad, como lo han externado los rectores de la UNAM, UdeG o la Ibero, o el mismo Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, la ley prevé que el gobierno federal expida una “declaratoria de protección a la seguridad interior” ante una amenaza, en cualquiera de los estados del país, por lo que se pueda considerar como “una amenaza a la seguridad nacional”, que según con la Agenda Nacional de Riesgo, cualquiera puede caer en alguno de los supuestos que se plantean.
Lo único que muestra esta ley, y con un claro mensaje rumbo a las elecciones del 2018, es un proteccionismo de las instituciones, que va encaminado incluso por encima de los propios ciudadanos, y lo que ello conlleve militarmente.
El último año de Enrique Peña Nieto se torna oscuro, tenebroso, y cualquiera de nosotros podemos ser objeto de investigación y espionaje, si somos calificados como riesgo a la seguridad nacional, por lo que el fracaso de la gobernabilidad de nuestro país, se ha resuelto con la Ley de Seguridad Interior.
De ahí, tantas y tantas voces en contra.
Pero nada… y así sea.

Peña Nieto vs Nieto [Opinión]

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TEXTO PUBLICADO EL 28 DE OCTUBRE DE 2017

Cuando en países como Brasil, Argentina, Ecuador, Perú y República Dominicana el caso Odebrecht causó grandes escándalos y golpes a la política, en México, los políticos señalados por los dirigentes de la empresa brasileña no han sufrido ningún daño, y el señalado, Emilio Lozoya, señalado de recibir poco más de 10 millones de dólares no ha sido ni requerido por las autoridades.

Sin embargo, Santiago Nieto, el fiscal para delitos electorales, inició una investigación sobre el destino de por lo menos dos millones de dólares, que el ex titular de Pemex recibiría mientras fungía como coordinador de asuntos exteriores de la campaña de Enrique Peña Nieto a la presidencia en 2012.

El asunto comenzó a salirse de control al ser señalado el actual presidente de México por directivos de la empresa Odebrecht que se reunió en tres ocasiones con representantes de la empresa entre 2010 y 2012. Santiago Nieto comenzó una investigación contra Emilio Lozoya por la presunta aplicación de recursos ilícitos al financiamiento de la campaña de Peña Nieto.

Esto propicio que la PGR abriera una indagatoria respecto a los otros ocho millones de dólares que Lozoya habría presuntamente recibido mientras encabezaba Pemex.

El asunto Odebrecht está lejos de terminarse, y el gobierno federal ha preferido sacrificar el poco prestigio que le queda a esta administración antes que permitir continúen las indagatorias de un fiscal “independiente” que le pueda causar mayores problemas de cara a las elecciones de 2018.

Mientras, Alberto Elías Beltrán es el encargado del despacho de la PGR, aunque también podría estar violando la ley al no cumplir los requisitos que ésta exige para dicho cargo: se debe contar con una cédula profesional de por lo menos 10 años de antigüedad, misma que obtuvo apenas en 2011.

Así las cosas.

PGR en el limbo [Opinión]

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TEXTO PUBLICADO EL 21 DE OCTUBRE DE 2017

El procurador general de México, Raúl Cervantes, presentó el lunes pasado ante el Senado las conclusiones de un estudio sobre la futura fiscalía independiente cuando, al final de su intervención, anunció su renuncia “irrevocable”. La decisión tomó por sorpresa a todo el mundo. Esta salida se da en medio de un profundo debate sobre la creación de la nueva institución, un cambio crucial en el funcionamiento de las instituciones de nuestro país.

Tras casi un año en el cargo, Cervantes aseguró que abandona la PGR para no entorpecer la negociación de la futura fiscalía, debido a su proximidad a Enrique Peña Nieto y su vinculación con el PRI, del que fue legislador durante seis años, pusieron en tela de juicio su independencia por el temor de organizaciones civiles a que no fuese imparcial a la hora de juzgar casos de corrupción vinculados a la actual Administración y que la nueva institución naciese ya viciada.

La PGR ha estado en el punto de mira de todas las críticas por su proceder en algunos de los escándalos más graves del sexenio, como el caso Ayotzinapa, o la actuación contra los exgobernadores Javier Duarte y Roberto Borge; asimismo por la lentitud en la investigación de las ramificaciones del ‘caso Odebrecht’ en México. En el caso particular de Cervantes, su imagen quedó también dañada al conocerse que matriculó un Ferrari en una casa deshabita de Morelos, un Estado próximo a la capital, donde no es necesario pagar el impuesto de Tenencia, algo que el actual procurador atribuyó a un “error administrativo”.

Raúl Cervantes deja pendientes en la PGR como la homologación de la actuación de las 33 procuradurías del país, incluida la Procuraduría federal, pero el gran pendiente que deja es en materia de lucha anticorrupción.

¡Prensa, no disparen! [Opinión]

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En su informe semestral sobre ataques a la prensa, Artículo 19 destaca que policías, políticos, servidores públicos y criminales agredieron un promedio de 1.5 veces al día a reporteros y fotógrafos. En total, 276 ataques en sólo 6 meses, una cifra que va en claro aumento si la comparamos con los 218 de los primeros seis meses del 2016.

También aumentaron los asesinatos, perfilándose 2017 como el más mortífero en México para los periodistas, ya que en todo 2016 se registraron 11 ejecuciones de reporteros, en la primera mitad de 2017 ya se registraban 6, siendo el mes de marzo el que destaca con tres reporteros ejecutados: Miroslava Breach, Cecilio Pineda y Ricardo Monliu. A estas alturas del año, ya son ocho.

Para Artículo 19, el reportero michoacano Salvador Adame continúa en calidad de desaparecido. Su familia no acepta el resultado del peritaje. Sería el noveno periodista asesinado.

En mayo, tras la ejecución de Javier Valdez, Enrique Peña Nieto anunció que aumentaría el presupuesto del mecanismo de protección a periodistas… ahora sólo evidencia la falta de rigor en México para investigar estos crímenes porque no hay un solo detenido por ninguno de los ocho periodistas asesinados este año.

Estos asesinatos son penosos, dolosos y culposos, porque México sigue ocupando los primeros lugares donde ejercer el periodismo es una profesión de alto riesgo, pese a la existencia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Nuestro compromiso como sociedad o gobierno debería ser el de apoyar y expandir la libertad de prensa y el libre intercambio de información en la era digital del siglo XXI. Juntos podemos forjar una visión que asegure la libertad de expresión y garantice el avance de México en búsqueda de un mejor gobierno y sociedad.

México unido [Opinión]

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La agenda internacional más compleja de México, y que requiere mayor atención y un manejo cuidadoso, sin duda es la que comparte con Estados Unidos, una relación que muchas ocasiones es más una extensión de las agendas gubernamentales de ambos gobiernos, sin embargo, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la buena relación con nuestro vecino del norte se ha visto enturbiada por el discurso de encono que el magnate mantiene hacia nuestra nación.

Si bien es cierto que los intereses de ambos países no siempre convergen, Donald Trump se ha enfrascado en no coincidir en nada con México y todo lo que parezca mexicano, por lo que el pueblo más despreciado por Trump no está dispuesto a seguir siendo humillado sin levantar la voz para ser escuchado.

Es así como más de 77 organizaciones civiles, académicas, empresariales y líderes culturales se unen para marchar el próximo domingo al mediodía en Ciudad de México, Culiacán, Cuernavaca, Mérida, Monterrey, Puebla e Irapuato, buscando la defensa de la dignidad, la unidad y la soberanía del pueblo mexicano frente a los agravios de Donald Trump.

Dicha marcha no tiene propósitos partidistas, por lo que se hace un llamado a los ciudadanos que quieran participar de abstenerse de consignas o convocar a portar algún color partidista, siendo el himno nacional el único estandarte durante toda la concentración.

Bajo el hastag #VibraMéxico, la Marcha Ciudadana por el Respeto a México busca alzar la voz, no contra el pueblo estadounidense, sino contra el discurso de Trump, un ejercicio histórico, porque tradicionalmente los mexicanos protestamos social y políticamente por asuntos internos, casi nunca por una amenaza procedente del exterior, de ahí la importancia y el deseo de que sea todo un éxito de unidad y cordialidad.

Jorge Iván Garduño / @plumavertical

Última oportunidad [Opinión]

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El combate a la corrupción es un tema pendiente en la historia de México, una asignatura que los dos sexenios panistas prefirieron anunciar como bandera política y a la hora de la hora, ni voltear a ver y mucho menos mencionar durante sus Gobiernos ―y qué decir de los más de 70 años del PRI que dejaron escuela para realizar prácticas clientelares, que nos endosaron una factura que seguimos pagando con creces.

Tras los niveles históricos a la baja de credibilidad e impopularidad del gobierno de Enrique Peña Nieto al comienzo de este 2017, la única salida política para alcanzar márgenes de operación o credibilidad en sus restantes dos años deberá ser irrestrictamente el combate a la corrupción, y éste tendrá que llevarse a cabo, obligatoriamente, en los más altos niveles de la burocracia.

Esta administración tendrá que trabajar para desprenderse de la sombra de la impunidad y los excesos de los gobernadores, directores de paraestatales, líderes sindicales y fracciones legislativas de extracción priista; de lo contrario su derrota política estará anunciada en el Estado de México y para la Presidencia en 2018.

No existe nada más grave para un Gobierno que una relación fracturada y repleta de incredulidad para con su gobernados, y eso es precisamente la lectura de lo que sucede, nuestro Presidente debe desprenderse de la cultura de la cofradía y del “amiguismo”, porque de no hacerlo, el linchamiento en redes sociales y en el resto de la opinión pública propiciará un desprestigio de proporciones épicas.

No es de extrañar que al solicitar en cadena nacional un “sacrificio” de parte de los mexicanos, estos lo ignoren y genere antipatía al entenderse como una incongruencia del Ejecutivo Federal.

La lucha rumbo al 2018 comenzó. Deberán caer exgobernadores incómodos, porque ésta será la última oportunidad.

Aquí la edición digital en el diario Capital México: http://bit.ly/2ioHlv7

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Texto publicado en el periódico Capital México, el viernes 13 de enero de 2017. Para su reproducción total o parcial es necesario citar al autor, Jorge Iván Garduño.