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El mismo PRI… PAN, PRD… [OPINIÓN]

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La llegada del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, a nuestro país procedente de Panamá, el pasado jueves, congregó, además de elementos de la PGR, y personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a una multitud de medios de comunicación que, atrincherados en la zona del aeropuerto de la Ciudad de México, fueron testigos de cómo, alrededor de las 13:20 horas un avión Challenger, matrícula XB-NWD tocó suelo mexicano.

 

Y es que, al final de su mandato, Roberto Borge fue señalado por presuntos manejos irregulares en las finanzas públicas del estado, además, la comisión de transición del actual gobernador, Carlos Joaquín González, comenzó una investigación por el presunto desvío de 2 mil millones de pesos, y se detectaron movimientos anómalos en la venta de 44 terrenos a precios ridículos, por lo que se inició formalmente una investigación, que derivó en el inicio de una proceso judicial en su contra el 3 de junio de 2017 acusado de lavado de dinero cometido Roberto Borge y exfuncionarios de su gobierno.

 

Roberto Borge deberá responder a las acusaciones de las que está siendo objeto. Para desgracia de los quintanarroenses, y mexicanos, el caso Borge Angulo no es un hecho aislado, casos como este abundan, tenemos a Javier Duarte (Veracruz), Andrés Granier Melo (Tabasco), Humberto Moreira (Coahuila), Arturo Montiel (Estado de México), Tomás Yarrington (Tamaulipas), Fidel Herrera (Veracruz), Mario Marín (Puebla), Eugenio Hernández (Tamaulipas), Juan Sabines (Chiapas), Ulises Ruiz (Oaxaca), Narciso Agúndez (Baja California Sur), Luis Armando Reynoso Femat (Aguascalientes), y la lista podría seguir aumentando.

 

Casos donde exgobernadores terminan siendo dueños de empresas, propiedades y grandes sumas de dinero consignadas en cuentas bancarias nacionales y en el extranjero para luego ser acusados de peculado, desfalcos al erario público y enriquecimiento ilícito ya es recurrente, y los medios de comunicación dan cuenta de ello, pero tras largos procesos o sólo imputaciones indirectas no se les ha demostrado “nada”.

 

Estas prácticas no son exclusivas de un partido, aunque sí, en buena medida, el actual partido en el poder ha influenciado para que estás prácticas se hayan enraizado en la política mexicana y extendido a todos los partidos políticos sin distingo, “porque la corrupción es el pan nuestro de todos los partidos”.

 

Estas prácticas no son exclusivas de gobernadores o tesoreros, suceden a todos niveles, si queremos que nuestra situación como nación cambie debemos exigir a las autoridades federales actúe sin miramientos en este y todos los casos, sean mediáticos o no, sean tiempos de elecciones o no, sea de un partido o del otro o no, para poner ejemplo a las siguientes generaciones de políticos y servidores públicos que ven en este ejercicio los beneficios propios antes que el servicio a la ciudadanía ¡lo que sería el verdadero servicio público!

 

Un sueño que se antoja imposible, o por lo menos no en esta vida.

¡Tiempo al tiempo!

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Peña Nieto vs Nieto [Opinión]

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TEXTO PUBLICADO EL 28 DE OCTUBRE DE 2017

Cuando en países como Brasil, Argentina, Ecuador, Perú y República Dominicana el caso Odebrecht causó grandes escándalos y golpes a la política, en México, los políticos señalados por los dirigentes de la empresa brasileña no han sufrido ningún daño, y el señalado, Emilio Lozoya, señalado de recibir poco más de 10 millones de dólares no ha sido ni requerido por las autoridades.

Sin embargo, Santiago Nieto, el fiscal para delitos electorales, inició una investigación sobre el destino de por lo menos dos millones de dólares, que el ex titular de Pemex recibiría mientras fungía como coordinador de asuntos exteriores de la campaña de Enrique Peña Nieto a la presidencia en 2012.

El asunto comenzó a salirse de control al ser señalado el actual presidente de México por directivos de la empresa Odebrecht que se reunió en tres ocasiones con representantes de la empresa entre 2010 y 2012. Santiago Nieto comenzó una investigación contra Emilio Lozoya por la presunta aplicación de recursos ilícitos al financiamiento de la campaña de Peña Nieto.

Esto propicio que la PGR abriera una indagatoria respecto a los otros ocho millones de dólares que Lozoya habría presuntamente recibido mientras encabezaba Pemex.

El asunto Odebrecht está lejos de terminarse, y el gobierno federal ha preferido sacrificar el poco prestigio que le queda a esta administración antes que permitir continúen las indagatorias de un fiscal “independiente” que le pueda causar mayores problemas de cara a las elecciones de 2018.

Mientras, Alberto Elías Beltrán es el encargado del despacho de la PGR, aunque también podría estar violando la ley al no cumplir los requisitos que ésta exige para dicho cargo: se debe contar con una cédula profesional de por lo menos 10 años de antigüedad, misma que obtuvo apenas en 2011.

Así las cosas.

PGR en el limbo [Opinión]

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TEXTO PUBLICADO EL 21 DE OCTUBRE DE 2017

El procurador general de México, Raúl Cervantes, presentó el lunes pasado ante el Senado las conclusiones de un estudio sobre la futura fiscalía independiente cuando, al final de su intervención, anunció su renuncia “irrevocable”. La decisión tomó por sorpresa a todo el mundo. Esta salida se da en medio de un profundo debate sobre la creación de la nueva institución, un cambio crucial en el funcionamiento de las instituciones de nuestro país.

Tras casi un año en el cargo, Cervantes aseguró que abandona la PGR para no entorpecer la negociación de la futura fiscalía, debido a su proximidad a Enrique Peña Nieto y su vinculación con el PRI, del que fue legislador durante seis años, pusieron en tela de juicio su independencia por el temor de organizaciones civiles a que no fuese imparcial a la hora de juzgar casos de corrupción vinculados a la actual Administración y que la nueva institución naciese ya viciada.

La PGR ha estado en el punto de mira de todas las críticas por su proceder en algunos de los escándalos más graves del sexenio, como el caso Ayotzinapa, o la actuación contra los exgobernadores Javier Duarte y Roberto Borge; asimismo por la lentitud en la investigación de las ramificaciones del ‘caso Odebrecht’ en México. En el caso particular de Cervantes, su imagen quedó también dañada al conocerse que matriculó un Ferrari en una casa deshabita de Morelos, un Estado próximo a la capital, donde no es necesario pagar el impuesto de Tenencia, algo que el actual procurador atribuyó a un “error administrativo”.

Raúl Cervantes deja pendientes en la PGR como la homologación de la actuación de las 33 procuradurías del país, incluida la Procuraduría federal, pero el gran pendiente que deja es en materia de lucha anticorrupción.

Simulación o justicia [Opinión]

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TEXTO PUBLICADO EL 22 DE JULIO DE 2017

“Hay que tener fe en la PGR, fe en el trabajo que van a realizar y esperar a que el proceso siga […] La PGR habrá de tomar todas las acciones y entregar cuentas a la sociedad”, dijo la tarde del miércoles Miguel Ángel Osorio Chong como respuesta a un grupo de reporteros que lo cuestionaron sobre el proceso penal de Javier Duarte.

La llegada de Javier Duarte a nuestro país procedente de Guatemala ya comenzó a mostrar las primeras escenas de enredo, perfilándose a un “drama cómico musical” donde la PGR solo ha podido documentar un desvío de 38.5 millones de pesos de los 438 millones de la acusación original, lo que deja mal parada a la administración de Enrique Peña Nieto frente a la opinión pública al tratarse del exgobernador de Veracruz de uno de sus correligionarios.

El caso de Javier Duarte se realiza a través del nuevo modelo acusatorio, que pretende dar más transparencia a los juicios. Un nutrido grupo de periodistas será nuevamente testigo de la vista del caso que ha despertado sed de justicia en el país. La PGR puede corregir el rumbo este sábado en la segunda audiencia. En ella, el juez deberá o no vincular a Duarte a un proceso por delitos del fuero federal. Una vieja discusión amenaza el caso que la Fiscalía quiere construir, y podría salir en libertad por “un error de principiantes”.

La PGR tiene el gran reto de limpiar su reputación, y de paso, la del Ejecutivo federal, que, dicho sea de paso, sigue en caída libre, por lo que llevar a juicio a Javier Duarte podría darle un poco de oxígeno rumbo al 2018, sin embargo, la sospecha de una simulación de la justicia se levanta sobre este caso, y el de toda la fila de exgobernadores que espera.